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Del ajuste a la pandemia: desafíos para la reconstrucción del sistema educativo
El estado actual de la educación argentina nos obliga a abordar tres ejes ordenadores para establecer un horizonte de futuro. Hacer un recorrido por el estado del sistema educativo en el cual el COVID-19 arribó a la Argentina a inicios de 2020, analizar qué se hizo con la pandemia y qué hizo con nosotros, y establecer un panorama claro sobre el rumbo que se debe tomar en el mediano y largo plazo para llevar adelante políticas públicas transformadoras.
Pre-pandemia: de dónde venimos
El contexto histórico-político en el que la pandemia del coronavirus arribó a la Argentina no pudo haber sido más inoportuno para la educación: las clases estaban recién comenzando en un país que tenía un nuevo gobierno que llevaba apenas tres meses en la gestión. Para la recién llegada gestión educativa, con Nicolás Trotta al mando, la tarea se presentó múltiple y diversa. Por un lado, debía garantizarse la trayectoria educativa de los y las estudiantes bajo condicionamientos epidemiológicos que escapaban de su área de intervención. Por el otro, debía revertir, en el medio de una situación sin precedentes, el estado de un sistema educativo que había sufrido las políticas de la gestión anterior, comandada por Mauricio Macri y ejecutada por su ministro Esteban Bullrich, primero, y su sucesor, Alejandro Finocchiaro, después. Por lo tanto, para llevar a cabo un análisis del estado actual, primero debe hacerse un recuento del estado de situación de la educación antes del advenimiento de la pandemia.
Uno de los primeros puntos en los que el sistema educativo se vio afectado por el gobierno de Cambiemos ha sido, ni más ni menos, el dinero que se le destinaba. De acuerdo con la Ley de Educación, la Nación y las provincias deben destinar un 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a la inversión en educación. La última vez que se cumplió esta meta fue en 2015, durante el último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se alcanzó la cifra del 6,1% del PBI (según datos de un informe de CIPPEC publicado en septiembre de 2020). Durante el gobierno de la alianza Cambiemos cayó año a año hasta tocar el piso del 4,8% en 2019, según datos del mismo informe.. Si se toma únicamente la asignación educativa del gobierno nacional –es decir, descontando lo que destinan las provincias–, entre 2016 y 2019 este gasto se recortó 33% en términos reales.
Sumado a esta grave regresión, el salario de los trabajadores de la educación también se vio seriamente dañado –al igual que el de la mayoría de los asalariados durante este mismo período–, ya que entre 2015 y 2018 cayó 14% en términos reales. El entonces gobierno determinó a inicios de 2017 no convocar a la paritaria nacional docente, lo que significó desconocer el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, así como también el artículo 9 de la misma norma, que establece la creación del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente cuyo objetivo es “contribuir a compensar las desigualdades existentes entre las diferentes jurisdicciones”. Todo ello desembocó en una mayor desigualdad entre los y las docentes de las provincias que podían pagar determinados aumentos y aquellas que no.
Además del derrumbe de sus ingresos, a esa agresión “material” se le sumó otra “simbólica”: los y las docentes y los sindicatos se vieron seriamente destratados. En 2016, Bullrich estableció una polémica analogía y comparó a los y las docentes con los automóviles “Falcon de los 70’” en una nota de opinión titulada “En educación, mejor capital humano” y, apenas días después, en el Coloquio de IDEA, calificó al sistema educativo como “una máquina de hacer chorizos”. Su sucesor, Finocchiaro, en una entrevista focalizó sus críticas hacia los sindicatos, al señalar que "la sociedad entendió que los malos resultados educativos son producto de 12 años de ceterismo" (destacado agregado), en alusión a la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el gremio con mayor representación a nivel nacional. Ya como exministro, y para que no queden dudas de su posición, Finocchiaro eligió titular una nota de opinión en sus redes sociales con la expresión “Les vagues de CTERA”, haciendo además una utilización irónica del lenguaje inclusivo. Este conjunto de descalificaciones formaron parte de una serie de herramientas desplegadas por todo el arco oficialista y mediático para culpabilizar expresamente al docente frente a la sociedad de los problemas del sistema educativo.
En relación a las políticas educativas, en 2016 se eliminó el Programa Nacional de Lectura. Y en 2018 sufrió lo propio el Conectar Igualdad, ya que fue redirigido a la plataforma Educ.ar con el argumento de que la brecha digital estaba “saldada”, lo que provocó una quita presupuestaria considerable. Misma suerte corrieron las Becas Progresar, que fueron “reperfiladas”: se redujeron de un millón a 500 mil con el argumento de enfocarse sólo para carreras “que necesita el país”, según las propias palabras del entonces presidente. Estas políticas de eliminar programas y reducir presupuestos y salarios tienen como consecuencia la profundización y reproducción de las notables desigualdades de recursos económicos y académicos entre las jurisdicciones. Bajo el concepto de federalismo, se da lugar a una nueva provincialización fundada en el ajuste fiscal que solo profundiza la desigualdad: el mayor problema al que se enfrenta el sistema educativo nacional.
Siempre es necesario subrayar, además, que un país que empeora su nivel de vida y bienestar general no puede mejorar sustancialmente las condiciones para su desarrollo y educación. La Argentina del período 2015-2019 fue un ejemplo de ello. En la gestión de Cambiemos el salario mínimo perdió el 27% de su poder de compra, mientras que la caída del salario real promedio de fue del 17,4% (INDEC). En este período, además, fue el país del mundo que más se desindustrializó: su actividad industrial cayó 17,2%. Asimismo, en 4 años el PBI cayó 3.9%, mientras que la baja del PBI per cápita –a raíz del aumento poblacional– fue del 7.3%.
La pandemia: qué hizo con nosotros y qué hicimos con ella
En consecuencia, el contexto social, político, económico y educativo que recibió a la pandemia en marzo de 2020 no pudo ser peor. A las dos semanas de iniciado el ciclo lectivo, el país entró en una cuarentena intempestiva plena de incertidumbres y temor a lo desconocido. El ministerio abordó a un sistema educativo desprotegido y desfinanciado entre medio de luces, sombras e indefiniciones.
La adecuación pedagógica y curricular de los trayectos formativos que tuvieron que llevar a cabo las escuelas al principio de la cuarentena se topó con la realidad: según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA), en Argentina un 48,7% de los y las estudiantes no tiene computadora y un 47% no cuenta con WiFi en su casa. El acrecentamiento de la brecha digital y la profunda desigualdad –tanto económica como social y educativa– vieron una inédita exposición. A pesar de que se haya aprobado a nivel nacional un sistema de promoción integral del ciclo 2020-2021 para no condenar a la repetición y/o estigmatización a aquellos que han tenido dificultades, los números de deserción que se estiman –sin números definitivos– pueden llegar a ser alarmantes.
En tanto, el desafío planteado por los distintos ministerios de Educación en cuanto a promover aprendizajes de calidad en todos los contextos y situaciones fue de imposible cumplimiento y quedó relegado por el de no perder el contacto con los y las estudiantes. A pesar de este desafío, en parte inconcluso, es valorable la puesta en funcionamiento de programas nacionales como “Seguimos Educando”, focalizado en la producción y distribución de distintos recursos, “Acompañar: Puentes de igualdad”, de acompañamiento integral a las trayectorias escolares y, sobre todo, el Plan Federal “Juana Manso”, que tiene como principal objetivo proveer de conectividad y equipamiento a todas las escuelas del país.
Así como la pandemia profundizó y evidenció como nunca antes las desigualdades sociales, también demostró que el mayor sostén dentro del sistema educativo y el que aporta el mayor esfuerzo para su funcionamiento es el de los y las docentes, sindicatos, organizaciones sociales y familias, que colaboraron conjuntamente durante todo el ciclo lectivo para sostener la continuidad pedagógica. El trabajo docente se multiplicó y diversificó: desde repartir bolsones de comida en las escuelas hasta dar clases virtuales sincrónicas y asincrónicas, además de establecer contactos con los alumnos fuera del horario escolar y con las familias en cualquier momento de los siete días de la semana, en un cóctel de jornadas laborales eternas y variedades infinitas de recursos tanto pedagógicos como personales. El regreso a clases, que fue determinado por las presiones mediáticas, de la oposición y de ONGs impulsoras de un modelo privatizador de la educación, fue concedido por Trotta en una conferencia con escenografía del Gobierno de la Ciudad. La fiscalización de tamaña empresa, por supuesto, corre por cuenta de los mismos de siempre: las familias, los gremios y las cooperadoras de todo el país, en el marco de las deficientes condiciones edilicias, la escasez de recursos y los incumplibles protocolos de retorno “seguro” a clases.
En definitiva, la suspensión de la presencialidad produjo consecuencias aún inmensurables y efectos que aún hoy se desconocen como, por ejemplo, los datos sobre los relevamientos para medir efectivamente la deserción escolar de 2020-2021. Lo que decididamente no es calculable en términos meramente cuantitativos es el déficit en los aprendizajes, la calidad en la recomposición de las trayectorias educativas y el impacto en la pérdida de socialización y dimensión comunitaria de la escuela, sumado al daño en la psicología integral tras un año de virtualidad en medio de la pandemia. Lo que es evidente, sin lugar a dudas, es que ni este ni el próximo año serán suficientes para remediar semejante daño.
Para comenzar, hay tareas urgentes y pendientes como vacunar a todo el personal docente –tal como ya se está haciendo, con mayor velocidad en algunas provincias que en otras–, bregar por un sistema con menores diferencias y fragmentaciones interescolares e interjurisdiccionales, y trabajar en pos de un sistema educativo más articulado y cohesionado, con el Estado Nacional como órgano rector. Los anuncios en la Apertura Legislativa 2021 del presidente Alberto Fernández sobre los proyectos de nuevas leyes de Financiamiento Educativo y Educación Superior, así como el retorno del programa Conectar Igualdad y la Paritaria Nacional Docente son iniciativas auspiciosas cuyos resultados y desenlaces se irán reconociendo en el desarrollo del año.
La post-pandemia: políticas educativas a futuro
El peor error que puede cometerse a partir de ahora es intentar volver al momento anterior al que apareció la pandemia. Además de las políticas de corto y mediano plazo relacionadas a la reinserción, a la subsanación de las desigualdades estructurales y a la reincorporación de los y las estudiantes a sus trayectorias escolares, es también tarea urgente repensar el rol de la educación para generar políticas educativas tendientes a producir un horizonte de futuro con proyectos claros e ideas concretas.
Por un lado, debemos discutir y confrontar con los objetivos privatizadores de la educación, que bajo el paradigma neoliberal –que en el plano partidario nacional tiene múltiples facetas– conforman un programa caracterizado, según Daniel Filmus, por los siguientes lineamientos: a) colocar a la educación al servicio de las necesidades que exige el nuevo mercado de trabajo; b) desarticular la capacidad del Estado Nacional de producir las orientaciones de política educativa; c) precarizar y desjerarquizar las condiciones del trabajo docente; d) dar categoría “natural o genética” a las desigualdades sociales y educativas; e) avanzar en transferir a manos del mercado –y, en particular, de la oferta privada– responsabilidades importantes en la distribución del bien educativo.
Por el otro, es fundamental reivindicar la tarea docente y disputar el sentido sobre su rol en el aula ante la formación de subjetividades y de sentido común de la agenda privatizadora. Una agenda que a través de sus ideas de “docente líder”, “docente emprendedor” y un uso banal de las neurociencias, despoja al trabajo docente “de su condición política, colectiva y ética para reducirlo a la mera implementación de un conjunto limitado de técnicas que son consideradas formas “eficaces” de organizar la transmisión”, tal como sostienen Feldfeber, Duhalde y Caride en un reciente trabajo conjunto sobre la privatización y mercantilización educativa en Argentina.
Estas ideas se corresponden con el objetivo de reducir el trabajo docente a la mera implementación de estrategias de enseñanza destinadas exclusivamente al desarrollo del potencial individual de los y las estudiantes. Para esta concepción ya no se trata de acompañarlos a transformar el mundo, sino a aceptarlo y adaptarse irremediablemente a él. Bajo estas premisas, se promueven subjetividades adaptadas a las necesidades y demandas de las empresas y del mercado. De modo que el neoliberalismo reduce la educación a un mecanismo de transmisión de competencias y capacidades laborales.
Así, tal como sostiene Pablo Gentili, la acción del sistema escolar acaba “subordinada a las demandas económicas, a un mecanismo de valorización y dinamización de la fuerza de trabajo que debe adaptarse a las exigencias del mercado”. Por lo tanto, se colonizan los procesos pedagógicos en función de los intereses del capital y, al formar subjetividades permeadas por la racionalidad que el mercado pretende imponer, se tiende a garantizar el mantenimiento del orden social. Considerar al sistema educativo exclusivamente como proveedor de “recursos humanos para el mercado de trabajo” –tal como lo describió el entonces Ministro de Educación Esteban Bullrich ante la UIA– es desvalorizar el papel de la educación en el desarrollo de competencias vinculadas a la convivencia democrática, la inclusión social y la ciudadanía.
Como señala el historiador Rutger Bregman en su libro Utopía para realistas, “en las conferencias sobre la educación a nivel mundial hay una sucesión interminable de especialistas que vaticinan sobre las futuras aptitudes del siglo XXI, en las cuales los términos de moda son ‘creativo’, ‘adaptable’ y ‘flexible’ y en las que todo gira en torno a la pregunta ‘¿qué conocimientos y aptitudes necesitan los y las estudiantes de hoy para conseguir un empleo en el mercado laboral del futuro en 2030?’”. Esta pregunta es replicada en Argentina como un mantra tanto en el sentido común periodístico, como en dirigentes de partidos opositores y también en algunas figuras de peso de la alianza gobernante, como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Bregman responde que esa es una pregunta incorrecta: “por el contrario, deberíamos preguntarnos: ‘¿qué conocimientos y aptitudes queremos que tengan nuestros hijos en 2030?’ De este modo, en lugar de adaptarnos a las exigencias del mercado, nos estaríamos focalizando en marcar el rumbo desde la educación”.
Por lo tanto, disputar ese sentido común desde un posicionamiento crítico y emancipador es necesario para redefinir el futuro de generaciones enteras y las perspectivas de crecimiento y desarrollo de la Argentina. Los sistemas educativos de calidad que se despliegan hoy en el mundo no lo hacen conducidos por las orientaciones del mercado, sino que forman a sus alumnos centralmente en aquellas competencias que les permitirán integrarse como ciudadanos, con condiciones de vida para la participación social plena en todos los ámbitos de la vida. Respetar la Ley Nacional de Educación de 2006 sería un excelente comienzo, ya que en su artículo 11, inciso c), advierte con claridad cuáles son los objetivos por los que deben bregarse: una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad y honestidad, entre otros.
Los problemas estructurales, los pendientes, y los que se acumularon durante estos años deben encararse disputando el imaginario en torno a la escuela, la educación, el sistema educativo y los y las docentes, mediante una imagen de educación vinculada al desarrollo, a la cooperación, a la ciudadanía, al trabajo y a un mundo plural y diverso en el que cada uno pueda realizar su proyecto de vida.
El autor es Profesor de Enseñanza Media y Superior en Ciencias de la Comunicación Social (Universidad de Buenos Aires).