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Gestionar la salud en tiempos de pandemia: entrevista a Enio García
Para dar comienzo al ciclo "Salud y bienestar", conversamos con Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se vive la gestión en un contexto de emergencia sanitaria permanente? ¿Cómo incide la desigualdad en las consecuencias de la pandemia? ¿Qué está pasando con las vacunas? ¿Cómo garantizar el acceso igualitario a una salud de calidad?
Perfil del entrevistado
Enio García es farmacéutico (Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil) y Magíster en Salud Pública (UBA). Es docente de la Maestría de Gestión en servicios y sistemas de salud de la Universidad Nacional de Rosario. Trabajó en la dirección de epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. Fue asesor de la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, titular de la coordinación de inclusión con equidad en salud de la Autoridad de la Cuenca Matanza‐Riachuelo (ACUMAR) y jefe de Gabinete de la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación. Actualmente se desempeña como jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
A mediados de diciembre de 2019, cuando recién habían asumido y comenzaban a diseñar la estrategia sanitaria para los cuatro años siguientes de gobierno, ¿se les cruzó por la mente la remota posibilidad de que podría tocarles gestionar en medio de una pandemia?
No, de ninguna manera. Teníamos pensados algunos ejes de gestión, que estaban vinculados a la integración del sistema de salud y a reformular algunas políticas que fueran en línea con el fortalecimiento de las estructuras edilicias, la interconexión entre los distintos servicios, la creación de redes, la cuestión de que el sistema fuera más equitativo, pensar en un ordenamiento más racional del financiamiento. Veníamos preparando todo eso. La pandemia nunca estuvo en nuestra cabeza. Sin embargo, cuando vimos que el virus había llegado a Europa, ahí entendimos que era inexorable su llegada a Sudamérica.
Mencionaste recién la cuestión de la inequidad, ¿de qué manera incide la desigualdad social en las consecuencias de la pandemia?
La base de la desigualdad es esa: la desigualdad social. A partir de ahí, se disparan todos los demás tipos de desigualdades: la desigualdad de género, la desigualdad en el acceso... Con esto no digo que, por ejemplo, la desigualdad de género no sea una cuestión en sí misma, pero no es lo mismo la desigualdad que sufre una mujer de clase media que una mujer que proviene de las clases más populares. Lo que complejiza o define la magnitud de las demás desigualdades es la desigualdad social.
A partir de algunos análisis que hicimos, lo que se observa es que no hay desigualdad en el hecho de enfermarse. El contagio no está necesariamente vinculado a una cuestión de desigualdad social. Sin embargo, una vez que las personas se enferman, el acceso a los servicios de salud –como siempre– es más difícil en los sectores populares que en los sectores medios. Los últimos, al tener un trabajo formal, pueden usar el sistema privado a través de la cobertura de las obras sociales o de las prepagas.
En cuanto a la desigualdad en la atención, si bien existe, en el caso de la pandemia –por lo menos durante la primera ola– el impacto fue bastante bien absorbido por el sistema público. Una de las grandes desigualdades podría haber sido "el que no puede pagar, no tiene cama", pero al haber ampliado la capacidad de camas que tenemos –fundamentalmente, en terapia intensiva– eso no pasó. Efectivamente, no faltó cama para la persona que necesitó atención sanitaria. Por otro lado, pudimos trabajar en conjunto con el sector privado, al que brindamos ayudas e incentivos –porque la pandemia también les pegó económicamente– que permitieron que el sistema trabajara de manera integrada.
Lo que sí, obviamente, la pandemia trae otro costal, que es la crisis económica. Y como cualquier crisis económica, los efectos principales se dan en los sectores más vulnerables de la población. Como ya dijimos, no es que se enferma más la gente que compone los sectores populares o las clases más bajas. Pero la falta de oportunidades y la falta de trabajo hacen que la pandemia, además de una crisis sanitaria, desencadene una crisis social y económica. Estas consecuencias claramente afectan más a los sectores populares más vulnerables, que ya venían golpeados por la crisis económica del gobierno anterior. Siempre sufren más los sectores que no están protegidos por un trabajo formal y que necesitan de mayor presencia del Estado. Las posibilidades de recuperar el empleo para quienes tienen una formación educativa o trayectoria laboral son mucho más altas que para quienes no lo tienen. Eso pasa con cualquier crisis, y en este caso no es distinto.
En la provincia de Buenos Aires, por lo vasta y diversa que es, existe también una importante desigualdad geográfica y demográfica. No es lo mismo acceder a los servicios de salud para quien vive dentro del AMBA que para quien se encuentra en un pueblo del interior. Esto se vuelve más evidente en el contexto de la pandemia. ¿Qué medidas tomaron desde el Ministerio para reducir este tipo de inequidades?
Durante la primera ola, hubo un desacople en la curva de contagios (y, por ende, en la ocupación de camas) entre lo que es el interior de la provincia y el AMBA. Mientras teníamos el pico de casos acá, el interior tenía una situación más manejable. Por lo que, a pesar de que es una población más extensa y hay menor cantidad de camas por habitante, se pudo sostener la atención. Había algún que otro brote específico en algún municipio, pero era esporádico y temporalmente corto; en cambio, en el AMBA, el aumento de casos se sostuvo.
Cuando el AMBA superó el pico, empezaron a bajar los casos y, con ello, la ocupación de las terapias y los traslados. Poco después de eso comenzaron a subir los casos en el interior de la provincia, pero ahí ya pudimos ocuparnos de los traslados y de la formulación de redes.
Obviamente, las dificultades en el interior son distintas en comparación al conurbano. Sobre todo, porque las distancias son más largas y hay que ir por ruta. No es lo mismo un traslado de Lanús a Avellaneda o a Lomas de Zamora que un traslado de Pergamino a algún otro pueblo cercano. Pero al ser menor la cantidad de casos y con una baja de contagios en el AMBA que nos permitía dedicarle una menor atención al área metropolitana, la provincia pudo poner el foco en el interior para mitigar la situación.
Durante los últimos meses –y particularmente en las últimas semanas– se empezó a hablar más de las consecuencias a largo plazo del COVID-19, que pueden ir desde problemas respiratorios o fátiga crónica a secuelas neurológicas, que aún no se sabe si pueden ser permanentes. En el escenario de la pospandemia, sin dudas, atender esas problemáticas será un gran desafío. ¿Ya están trabajando en estrategias sanitarias para definir cómo abordar las secuelas del virus?
Debemos aprovechar las alianzas y las experiencias que podemos desarrollar con el sistema científico argentino, que nos está sirviendo un montón para poder trabajar en pandemia. Estamos celebrando convenios de investigación con las universidades, con el CONICET y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a fin de generar y evaluar tecnologías, sistemas de información y tratamientos. Todo esto, que se intensificó mucho durante la pandemia, generó vínculos bastante fuertes entre el mundo académico-científico y el mundo de la gestión.
En general, son ámbitos que funcionan desacoplados: fundamentalmente, por los tiempos. La gestión tiene tiempos que están vinculados a dos urgencias. Por un lado, la problemática social. Por el otro, al asumir la gestión, sabés que en el mejor de los casos tenés la garantía de estar por cuatro años. Y en ese periodo tenés que desarrollar un proyecto, políticas públicas. La gestión amerita velocidad, mientras que el mundo académico tiene otro ritmo y se toma su tiempo.
De alguna manera, en el contexto de la pandemia, se pudo producir un encuentro entre esos dos sectores y generar una dinámica que es muy probable que permanezca en el tiempo. Una respuesta es esa: cómo nos podemos apoyar en el sector académico-científico para entender un poco mejor cómo serán esas secuelas del COVID. Hablamos de cuestiones neurológicas, cardiocirculatorias. Es a lo que la evidencia más o menos empieza a apuntar, aunque todavía no hay consensos sobre si la cosa va por ahí ni de por cuánto tiempo durarían esas secuelas. A todo esto debemos agregar el impacto de la pandemia en términos de salud mental...
Hay un campo vasto para poder realizar estudios, acompañar a pacientes y llegar a algunas conclusiones respecto a qué pasa con las personas en el post COVID y plantear si es necesaria una política pública para mitigar esos problemas. Hoy todavía simplemente acompañamos la información que circula en el mundo, porque la atención está muy enfocada en sostener las políticas de control de la pandemia y la vacunación. Esas dos cosas ya nos ocupan un espacio enorme en la agenda. Aún así, uno intenta seguir avanzando con algunos proyectos que no pueden esperar a que la pandemia ceda, porque sino pasarían los años de gestión y no lograríamos casi nada de lo que nos propusimos.
Esas tres cosas –la vacunación, la mitigación de la pandemia y el poder seguir llevando adelante algunos proyectos centrales de la propuesta original del gobierno– ya nos demandan bastante tiempo. Ya llegará el momento para poder estudiar las secuelas y los problemas a largo plazo que puede causar el COVID en nuestra población.
Aprovecho que mencionaste la cuestión de las vacunas. La semana pasada se conoció que Estados Unidos apoyaría la liberación de las patentes, al menos temporalmente. ¿Qué impacto real considerás que podría tener esta medida, en caso de que efectivamente ocurra? ¿De qué manera creés que podría modificar o acelerar el proceso de vacunación en nuestro país?
Primero que todo, bienvenida sea la medida. Sin embargo, uno de los grandes problemas que estamos viviendo hoy es la dificultad en el acceso a la cantidad de vacunas que necesitamos para mínimamente vacunar a nuestra población más vulnerable, que son quienes ocupan mayor cantidad de camas y desarrollan cuadros más graves. Vacunar a esa población no evitaría la segunda ola, pero sí reduciría su impacto: fundamentalmente, en lo vinculado al colapso sanitario, que es lo que nos lleva hoy a tomar medidas de aislamiento y distanciamiento social.
Más allá de que la demanda mundial de vacunas es muy superior a la capacidad de producción de la industria, hay otra problemática: la distribución desigual de las vacunas producidas. Estados Unidos fue el país que más contribuyó a esa desigualdad: acaparó la mayor cantidad de vacunas, comparado a la población que tiene. De hecho, acaparó más que Europa [1]. Hay países importantes, como Alemania, que enfrentando lo que allá llaman la "tercera ola" tuvieron que tomar medidas de cuarentena porque no lograron vacunar a toda su población de riesgo.
Lo que plantea Biden es interesantísimo porque liberar las patentes permitiría ampliar la producción global. Si no estuviéramos atados a los contratos de patentes para poder producir vacunas, más laboratorios en el mundo –incluso en nuestro país– podrían poner en marcha líneas de producción y tratar de generar un abastecimiento acorde a las necesidades que tienen todos los países. Sin dudas, en Argentina también seríamos claramente beneficiarios de esa política.
Más allá del COVID, la discusión en torno a las patentes es muy interesante. Cuando surgió el sistema mundial de patentes –fundamentalmente en los años noventa–, tenía el objetivo de incentivar las innovaciones y fomentar más investigaciones, más competencia y, con ello, mayor desarrollo tecnológico. Sin embargo, lo que vimos en la práctica fue todo lo contrario. Se convirtió en un mecanismo de protección de productos que, más que aumentar la competencia, lo que terminó generando fue monopolios y oligopolios. Ello dificultó el acceso a varios medicamentos y tecnologías médicas. En lugar de incentivar el aumento de las innovaciones, lo que incentivó fue los pedidos de patentes de invención que ya estaban desarrolladas y las solicitudes de extensión del periodo de regalías. Solo benefició a los países que detentaban algunas patentes; no fomentó para nada el intercambio global. Así, lo que hizo fue acentuar las desigualdades globales que ya existían.
Que en este contexto de pandemia se empiece a discutir la posibilidad de pasar a un mecanismo diferente al de las patentes es un precedente que puede servirnos para futuras discusiones. El sistema de patentes está instalado en el mundo desde hace más de 30 años, y me parece que existe sobrada evidencia de que no sirve para cumplir los supuestos objetivos en base a los cuales fue creado.
Respecto a los grupos que están vacunando en la provincia de Buenos Aires, el criterio actualmente es mayores de 60 en general y menores de 60 con enfermedades preexistentes, ¿verdad?
Sí, y además está incluido el personal sanitario, independientemente de la edad o de los factores de comorbilidad, el personal de educación y el personal de las fuerzas de seguridad. Como no pudimos acceder a la cantidad de vacunas en los plazos acordados con la industria, dentro de la población prioritaria tuvimos que hacer un escalonamiento. Así, empezamos primero con mayores de 70 años, después entraron los que estaban entre 60 y 69 con comorbilidades, luego los de 60 a 69 en general y más tarde los menores de 60 con comorbilidades. En el medio habíamos empezado a vacunar docentes y personal de seguridad, pero tuvimos que privilegiar a los que estaban dentro de las otras poblaciones y no pudimos seguir avanzando con estos grupos. Ahora también estamos empezando a vacunar embarazadas, porque comienza a haber evidencia sobre el aumento de la mortalidad materna.
En el caso particular de los docentes, en febrero se inició una fuerte campaña para vacunarlos. Sin embargo, en la actualidad, salvo a quienes entren dentro del criterio de mayores de 60 o con patologías de riesgo, no se está vacunando a docentes en general. Teniendo en cuenta el debate de las últimas semanas en torno a la presencialidad escolar, ¿están considerando comenzar de nuevo a vacunar masivamente a docentes?
Siempre fue nuestra intención vacunar a los docentes. Por eso, ya vacunamos a cerca de la mitad; no solo docentes sino también personal administrativo de las escuelas. Pero en la medida en que veíamos que la segunda ola comenzaba a golpear, que las terapias comenzaban a llenarse y que no aumentaba la cantidad mensual de vacunas que ingresaban al país, se tomó la decisión de escalonar y vacunar a aquellas personas que tenían mayor riesgo de contribuir al proceso de saturación del sistema de salud.
Si bien la mediana de edad de ingreso a terapia bajó un poco, aún así los mayores de 60 constituyen la población que más camas ocupa, que más tiempo permanece internada y que mayor grado de mortalidad presenta. Fue una decisión muy clara de repriorización. Una vez que ese grupo esté vacunado y podamos avanzar con mayor claridad sobre los demás, vamos a reincorporar al personal de las escuelas, porque entendemos que eso va a garantizar mayor seguridad cuando podamos retomar la presencialidad de las clases. Ese siempre fue nuestro plan, pero tuvimos que readaptarnos a una realidad que fue cambiando con el tiempo. Uno no puede casarse con las ideas, sino que debe tener cierta plasticidad y mirada estratégica para tomar las decisiones correctas en función de los cambios de escenario.
Para cerrar este tema, ¿piensan terminar de vacunar primero a personas de 18 a 59 con enfermedades de riesgo y recién ahí retomar la vacunación de docentes y fuerzas de seguridad en general? ¿O la idea es hacerlo en paralelo?
Se puede hacer en paralelo. Dentro del grupo de entre 40 y 59 con comorbilidades entraría mucha gente que trabaja en las escuelas y otros tantos que están en las fuerzas de seguridad, por lo que ya caería por su propio peso. Una vez que avancemos en esa población, que tengamos un panorama más claro del suministro de vacunas y que empecemos a regresar a la presencialidad, no tendremos ningún problema en retomar la vacunación específica de ese grupo.
Durante el 2020 y en lo que va de este año, fuimos testigos de distintas movilizaciones y campañas encabezadas por movimientos antivacunas y anticuarentena. ¿Pensás que estos sectores representan una riesgo para la salud pública? ¿O se trata de grupos minoritarios que están demasiado sobrerrepresentados en los medios y en las redes sociales, pero que no constituyen una amenaza real en relación a la estrategia sanitaria?
En la historia reciente de la Argentina, los grupos antivacunas han sido minoritarios. Argentina tiene un calendario de vacunación muy importante y un nivel de cobertura bastante elevado. Eso da la pauta de que los grupos antivacunas en nuestro país no tienen una incidencia fuerte dentro del proceso de inmunización. Sí es verdad que en la pandemia, producto del fogoneo político por parte de algunos sectores, se empezaron a cuestionar distintas medidas de control y de cuidado de la salud.
Quienes plantean consignas acerca de que las medidas de aislamiento y de restricción a la circulación de personas son antidemocráticas y arbitrarias necesitan justificar su postura. Y dentro de esas justificaciones aparecen estas ideas, una especie de "terraplanismo sanitario". Que el COVID no existe, que no es una enfermedad grave, que no produce las muertes que dicen. O, por ejemplo, lo que vimos en televisión, diciendo que los hisopados tenían una especie de metales para que los resultados dieran positivo. Una locura que no tiene ningún correlato con la realidad, pero en el boleo meten también el tema de las vacunas. ¿Por qué voy a vacunarme contra algo que no existe? La base material de este movimiento es la negación de la realidad: cuestionan todas las medidas sanitarias destinadas a proteger la vida y a evitar que se enferme y se muera cada vez más gente, incluidas las vacunas.
Desafortunadamente, cierto sector político necesita que a la Argentina le vaya mal para ver si tiene una oportunidad electoral. Me parece un juego extremadamente mezquino. No es momento de mezclar las cosas. Acá se está jugando algo mucho más importante que una elección. Nosotros venimos de la política, para nada subdimensionamos la importancia que tiene una elección en la democracia, pero en el momento de catástrofe y de crisis que estamos viviendo me parece que debemos ser más cuidadosos con la ética del juego electoral. No tratar de sacar provecho de tragedias, de vidas que se pierden, para poder obtener algún rédito electoral. La verdad es que eso es muy dañino para la democracia. Tenemos que tratar de sostener un juego electoral saludable, basado en una ética que nos permita también controlar los problemas que tenemos. Cuando esa ética se pierde, también pierde la democracia.
En general, a nivel social se observa un gran relajamiento en las medidas de protección. ¿Cómo evaluás la estrategia de comunicación gubernamental en términos de prevención y promoción de las medidas de cuidado? ¿Considerás que la difusión sobre las verdaderas consecuencias del virus quizás no fue lo suficientemente efectiva para que la población tomara conciencia de los riesgos que implica contagiarse y de la importancia de continuar con medidas como el uso del barbijo, la ventilación cruzada y la distancia social?
Creo que la difusión que hubo funcionó y tuvo sus efectos. De hecho, en los estudios que hacemos sobre la primera ola en la provincia de Buenos Aires –que por sus características demográficas fue una de las jurisdicciones más golpeadas– lo que vimos es que el impacto sanitario de la pandemia estuvo dentro de los mejores, en comparación con otros países del mundo. Tuvimos un exceso de mortalidad estrictamente vinculado al COVID, que muestra dos cosas: por un lado, que registramos bien las muertes y, por el otro, que la atención fue adecuada, que nunca faltaron camas, que los contagios estuvieron dentro de un nivel manejable. Muy distinto a lo que pasó en otros países vecinos, incluso en países de Europa, que cuentan con sistemas de salud mucho más consolidados y robustos que el nuestro. Entonces eso nos da la pauta de que las medidas de control de la pandemia funcionaron, y eso se debe a que hubo atención por parte de la gente. Sino no hubiera funcionado, es así de sencillo. No es que hicimos magia con el sistema de salud. Por un lado, reforzamos el sistema de salud, pero, por el otro, el comportamiento social ayudó muchísimo.
Después obviamente hubo un relajamiento, que es esperado y necesario. No podemos vivir tanto tiempo en la situación como la que vivimos el año pasado. En verano, pudimos controlar más los casos y los ingresos, sin necesidad de tantas restricciones. Y luego de un periodo de muchas restricciones, al sacarlas y acercarnos bastante a la vida que tenías antes de la pandemia, después retomar las medidas de cuidado y aislamiento es más difícil.
En el medio, empieza a jugar la campaña electoral. Los medios de comunicación también entran en este juego y comienzan a cuestionar cada vez más las medidas. Esto corre por afuera de la ética que necesitamos para construir una democracia robusta y sana.
Más allá de que la atención sanitaria ahora esté focalizada principalmente en el COVID-19, ¿a qué otras enfermedades y patologías le están prestando más atención desde la provincia de Buenos Aires?
La preocupación por enfermedades infecciosas tiene que ver más bien con ciertos círculos epidémicos. Aunque hay enfermedades que están vinculadas a procesos infecciosos –que siempre son una preocupación–, en la provincia de Buenos Aires, más que en el combate de enfermedades específicas, estamos concentrados en generar un sistema de salud focalizado en la prevención. Que haya una inversión y una articulación con el primer nivel, porque ese tipo de cosas se trabaja mucho en el territorio. Y cada territorio tiene una característica epidemiológica distinta.
Sabemos que va a ser distinto en cada punto de la provincia, por lo que lo más importante es fortalecer el sistema de salud. Que los hospitales estén en mejores condiciones. Que los trabajadores y las trabajadoras también estén cada vez más capacitados y cobren un sueldo digno. Que el sistema pueda trabajar en red. Que la gente que necesita resolver un problema de salud sepa dónde buscar la solución y que no exista ese famoso "peregrinaje" en el que la gente va tocando puertas hasta que alguien les ofrece alguna respuesta.
Si entendemos que la salud es un derecho, una vez que una persona entra en contacto con el sistema de salud, independientemente de si entró por la guardia, por una consulta o si fue a una salita, el sistema tiene que buscar la solución para su problema y la debe acompañar por el camino que debe recorrer por adentro del sistema. A su vez, ese camino tiene que ser lógico. Nadie tiene por qué saber a qué especialista debe buscar, qué medicamentos debe tomar o qué trámites debe hacer. Acompañar y orientar al paciente es una responsabilidad del Estado.
En todo eso estamos focalizados. En construir un sistema de salud lógico, que tenga un fuerte anclaje en el primer nivel de atención, para trabajar las problemáticas comunitarias en los barrios, no solo las enfermedades, sino también la promoción y la prevención. Y en caso de que la persona se enferme y necesite atención, que esté disponible y a su alcance. Que se brinde de manera oportuna. Que no le genere a esa persona o a esa familia un gasto de tiempo y económico. El foco está puesto ahí, en algo más sistémico y estructural, más que en trabajar con una patología específica.
Si después surge un problema como el dengue, vamos a trabajar ahí. Ahora bien, hay problemas como la tuberculosis. Ahí trabajamos en cada barrio con el aparato sanitario para reforzar la prevención, la promoción y el tratamiento cuando sea necesario...
¿Sigue habiendo casos de tuberculosis en la provincia?
Sigue habiendo muchos casos de tuberculosis. Es una enfermedad muy vinculada a los barrios más populares. En la provincia tenemos un programa específico destinado a trabajar la tuberculosis. Sin embargo, estas políticas no tienen mucho impacto si no contamos con servicios de salud que estén ahí, trabajando codo a codo con la comunidad para que eso suceda.
Latinoamérica ha sido una de las regiones más golpeadas por la pandemia, pero también por la desigualdad, que ya vimos que impacta en la cuestión sanitaria. Desde Ciclos buscamos generar discusiones en torno al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En este sentido, ¿cuáles creés que son los principales desafíos para que realmente podamos garantizar el derecho a la salud? ¿Dónde te parece que hay que poner el foco para que el acceso a la salud sea sostenible y sea justo?
Desde el aspecto de la política sanitaria, nosotros tenemos que ir a la conformación de un sistema de salud más integrado, en el que los vasos comunicantes sean inteligibles y en el que el gasto que haga el Estado pueda redundar en prestaciones lógicas, que lleguen en tiempo y forma a la gente. Hoy, Argentina destina alrededor del 10% de su PBI –aunque con la pandemia seguramente sea mayor– a gastos en salud. Que ese 10% –que ya es un montón, porque casi ninguna área tiene semejante asignación presupuestaria– pueda estar mejor orientado y más articulado. Que pueda ser utilizado de una manera más lógica. Eso se va a traducir en menores costos, mayores prestaciones, mejor calidad de atención en los centros de salud. Desde un punto de vista sanitario, claramente el desafío para un desarrollo sostenible es este: un sistema de salud que esté más integrado y sea más efectivo. No efectivo en cuanto a "recorte de gastos", sino de mejor utilización.
Por otro lado, por más esfuerzo que hagamos desde el sistema de salud, no vamos a poder disminuir las desigualdades si no se atacan otros problemas estructurales de la sociedad: la pobreza, la falta de trabajo, la falta de vivienda digna. Si trabajamos en pos de mayores ingresos, mayor trabajo calificado, disminución de la pobreza y del déficit habitacional, ello luego va a tener un impacto en la mejora de los indicadores sanitarios. Eso está más que probado. De hecho, en los doce años del ciclo de gobierno anterior se vieron muchísimas mejoras. Mi tesis de maestría fue sobre desigualdades en salud. En las provincias donde disminuyeron las brechas de pobreza y educativas se veían muchísimas mejoras en los indicadores sanitarios. Es decir, esas mejoras sanitarias se debían a mejoras en el nivel de vida socioeconómico, ya que no se correlacionaban necesariamente con mejoras puntuales en el sistema de salud.
Si trabajamos mancomunadamente para producir mejoras sociales y mejoras en el sistema de salud, la verdad es que el resultado es inimaginable. Sin dudas, mejorarían muchísimo las condiciones de vida y de salud en todo el país.
[1] N. del R.: Según datos publicados en abril de 2021, la Unión Europea firmó contratos por más de 1,8 miles de millones de dosis, mientras que los Estados Unidos adquirieron alrededor de 1,2 miles de millones. Por encima de ambos, en primer lugar a nivel mundial, se encuentra la India, con contratos que superan las 2,2 miles de millones de dosis.