La motosierra libertaria sobre la Justicia

En la conferencia de prensa del 19 de marzo Cúneo Libarona, Ministro de Justicia, afirmó que el gobierno libertario busca llevar a cabo “una transformación absoluta de la justicia” la cual consistiría en la implementación del Juicio por jurados y del sistema acusatorio en todo el país. ¿Qué es lo que se oculta detrás de la intención del Gobierno en avanzar con estas transformaciones históricamente entendidas como “garantistas”?

FUENTE: CHEQUEADO.COM

En primer lugar es necesario esclarecer algunos términos para entender de qué hablamos cuando nos referimos al sistema acusatorio y al juicio por jurados.

El sistema adversarial o acusatorio es un modelo de juzgamiento de los delitos en el cual la fiscalía es la responsable de la investigación, de este modo no son los jueces quienes investigan sino que estos se limitan a juzgar en base a la investigación llevada a cabo por los fiscales.

La nota distintiva de este sistema es que todo el proceso se da de forma oral: las partes litigan en audiencias públicas dirigidas por un juez, quien escucha las pruebas presentadas por ambas partes y a partir de ello decide. El sistema acusatorio en marcha viene a reemplazar al modelo que actualmente predomina en el país. Este se caracteriza por la existencia de un poder concentrado en la figura del juez, ya que este investiga el hecho ilícito, en base a eso resuelve el caso y al mismo tiempo debe custodiar los derechos de los acusados. Esta gran cantidad de tareas en manos del juez -el cual investiga y a su vez juzga- muchas veces termina resultando en decisiones imparciales. Este modelo es mayormente escrito, lo cual lo vuelve un proceso burocrático y lento, a diferencia del sistema acusatorio, en el cual los procesos tenderían a ser más breves y así se llegaría a una mayor resolución de casos.

Actualmente el sistema acusatorio se aplica en las provincias de Jujuy y Salta, no aún en el resto del país, a pesar de la sanción en 2014 del Código Procesal Penal Federal (CPPF) el cual sigue dicho modelo. La intención del gobierno nacional es, en un plazo de seis meses, implementar el CPPF en todo el país, y de esta forma poner en marcha el sistema acusatorio. El primer lugar en el que se establecerá será en Rosario, el 6 de mayo próximo, como un intento del gobierno de dar una respuesta “rápida” a la extrema situación de inseguridad que se vive en la ciudad.

Pero la intención de reformar la Justicia no termina allí, sino que también el gobierno nacional pretende implementar el juicio por jurados en causas federales.

Esta iniciativa se encontraba dentro de la -luego fracasada- ley ómnibus, pero la gran diversidad de disposiciones dentro del proyecto terminó por opacar las reformas en materia procesal penal. La intención del gobierno es enviar nuevamente, a la brevedad, un nuevo proyecto de ley para la implementación de esta modalidad de juicio en todo el país.

La propuesta contenida dentro de la ley ómnibus establecía el juicio por jurados como obligatorio para los casos que correspondiera según la ley, a diferencia de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, donde el imputado puede elegir cuál modalidad de juicio prefiere. Además el proyecto establecía la unanimidad a la hora de definir el veredicto.

Más allá de la discusión teórica sobre si el juicio por jurados es superior cualitativamente al juicio tradicional (donde es un juez quien decide sobre la culpabilidad del acusado), hay una cuestión que es inobjetable: la Constitución Nacional desde 1853 hasta el día de hoy establece la implementación del juicio por jurados en los artículos 24, 75 inc 12 y 118. Mientras estos artículos no sean modificados, la no implementación del juicio por jurados representa una clara violación del mandato constitucional.

En la actualidad diez de las provincias ya lo han implementado para delitos comunes en sus ordenamientos. Las pocas que no lo han hecho tienen proyectos en este sentido, y recientemente el Poder Legislativo de Santa Fe ha sancionado la ley que lo incorpora a su legislación.

Existe una desconfianza generalizada en dejar en manos de ciudadanos comunes el juzgamiento de un individuo. Sin embargo, el juicio por jurados posee muchos puntos positivos en comparación con el juicio tradicional:

1) Aporta una mayor imparcialidad, ya que se trata de 12 personas (seleccionadas de forma aleatoria luego de un proceso previo en el que participan ambas partes) que deciden (en general de forma unánime) si el acusado es culpable o no, por lo que semejante decisión deja de estar sujeta a una sola persona -un juez-.

2) El jurado además ejerce un control sobre el proceso judicial, dado que se logra un mejor desempeño del fiscal y del abogado defensor quienes buscan convencer al jurado.

3) Además el fiscal, el abogado querellante y el juez deben modificar su lenguaje con el fin de hacerlo más entendible para el jurado, lo que, en consecuencia, hace que también el proceso sea más fácil de comprender para el acusado y para la víctima.

4) Por último, el juicio por jurados en teoría democratiza la justicia: es el pueblo en definitiva quien decide en base a la prueba presentada, con la ayuda y orientación de un juez. De esta forma se logra otorgar una mayor legitimidad a las decisiones judiciales. Esto es importante en un país como el nuestro donde la Justicia se encuentra sumamente desprestigiada (Solo el 3,94% de los argentinos dice tener mucha confianza en el Poder Judicial y un 34,5% dice no tener ninguna).

Tanto el juicio por jurados como el sistema acusatorio fueron y son bandera de diversas instituciones y referentes del derecho penal que, podríamos decir, no se insertan dentro de lo que llamamos “la derecha”, y tampoco pertenecen a la corriente punitivista del derecho penal. Por el contrario, estos activistas sostienen que con dichas transformaciones se lograría un verdadero cumplimiento de las garantías del imputado y una mayor protección del mismo frente al Estado.

Se abre así el interrogante de por qué estas modificaciones “garantistas” se están llevando a cabo en un gobierno que prometía “mano dura” durante su campaña.

Por un lado, podríamos pensar que se relaciona con que este sistema es más cercano al modelo de enjuiciamiento de Estados Unidos, país objeto de devoción por parte del presidente. Sin embargo, no queremos subestimar al Gobierno y creer que tan importante decisión se basa únicamente en una infantil admiración.

Una posible respuesta podría vincularse con el hecho de que el sistema acusatorio y, en particular, el juicio por jurados, despojan de cierto poder a la “casta judicial”. Volver “populares” ciertas decisiones anteriormente reservadas a un grupo de pocos resulta coherente con el discurso político (no así con su praxis hasta el momento) que catapultó a Milei hacia la victoria electoral.

Más allá de la discusión sobre si el gobierno libertario ya forma parte de la casta o no, es claro que existe cierto contenido anticasta en estas posibles transformaciones, aquellas claramente atentan contra el monopolio que han sabido construir los jueces dentro del sistema judicial. En definitiva el sistema acusatorio y el juicio por jurados despojan al juez del lugar central que ocupaba dentro del proceso judicial, y fortalecen la figura del fiscal.

De todas formas, la respuesta al por qué se están queriendo llevar a cabo ahora estas transformaciones probablemente se vincule a razones que responden a la casualidad. Este gobierno, como ya sabemos, se caracteriza por su “desprolijidad” respecto a sus proyectos y agenda de gobierno. Aunque hay lineamientos ideológicos claros ligados al punitivismo (“el que las hace las paga”) y el no cumplimiento de las garantías individuales (en admiración al modelo Bukele), lo cierto es que el gobierno no contaba en su plataforma de campaña ni cuenta ahora con un proyecto claro sobre cómo mejorar el sistema judicial argentino.

Pero más allá de si contaban con una agenda clara o no, lo cierto es que este gobierno se propone pasar la motosierra sobre todo, impregnar con su huella toda área del Estado. En el fondo lo que buscan es, en palabras del propio Ministro de Justicia, “una transformación absoluta de la justicia”. En definitiva se busca llevar a cabo políticas que respondan más bien a una determinada praxis política que a un contenido ideológico en sí. O tal vez lo característico de este gobierno es que lo ideológico se encuentra en su praxis (muchas veces acusada de “kirchnerista” en sus formas).

La implementación de estas medidas -que han sido generalmente defendidas por referentes más cercanos a lo que hoy es la oposición- puede significar un avance positivo en el funcionamiento de la justicia de nuestro país. Sin embargo, su sola implementación de por sí no asegura ni una mayor agilidad de la justicia ni un mayor respeto a las garantías constitucionales. Menos aún si pensamos que esta implementación va de la mano de discursos claramente punitivistas (por ejemplo la semana pasada se anunció la redacción de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad).

El Poder Judicial argentino es duramente criticado, tanto por el oficialismo como por la oposición, y este tipo de reformas que podrían lograr que la Justicia sea más eficaz terminó quedando en manos de un gobierno que posiblemente lo oriente hacia un mayor punitivismo. Durante el gobierno de Alberto Fernandez se rumoreó en varias ocasiones sobre una posible reforma judicial, pero -como sucedió en muchas otras áreas- el miedo a la decisión llevó a la inacción. Lo mismo sucedió con la Corte Suprema y la posición vacante: cuando sabiendo que ningún candidato iba a contentar a todos, Alberto Fernandez terminó por elegir no contentar a nadie y dejar semejante decisión al próximo gobierno.

Lo cierto es que un cambio de estas características en nuestro sistema penal procesal va a requerir de una amplia gama de recursos, desde un aumento de personal en las fiscalías para poder llevar adelante las nuevas tareas, como de oficinas que se encarguen de la selección de los jurados, entre otros. Esto va a requerir un gran desembolso de fondos, lo que resulta notablemente contradictorio con la narrativa de “no hay plata” ¿Se trata de un nuevo episodio de desprolijidad e improvisación por parte del gobierno o realmente evaluaron los gastos que conllevan estas reformas? Si estos proyectos se implementan sin los recursos necesarios se volverán letra muerta o peor aún, se implementarán de forma incompleta y deficiente, negando nuevamente a los argentinos una justicia de calidad.

Sólo el paso del tiempo determinará si estas implementaciones resultaron ser positivas, por ahora lo único que podemos afirmar es que el Gobierno libertario se propone dejar su huella sobre todo el aparato institucional y la Justicia no será la excepción.

Gala Victoria Guastella y Ona Hirsch.