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Protestas en Colombia: "El paro resiste, ¡el paro sigue!"
Actualizado: 8 jun 2021
Colombia lleva casi un mes de protestas ininterrumpidas. Lo que comenzó en contra de una reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque ha derivado en reclamos por reformas estructurales a nivel social y político. A lo largo de estas semanas, cientos de manifestantes han sido víctimas de abusos policiales, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas y asesinatos. Compartimos a continuación una crónica en primera persona desde Bogotá, capital del país.
“Maldito el soldado que apunta su arma contra su pueblo”
Simón Bolívar
El hashtag #ColombiaSOS ha sido el grito de auxilio de nosotros, los colombianos, para denunciar ante la comunidad internacional las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado colombiano. En particular, por la fuerza pública que, en su “misión” de restituir el orden público en el marco de las protestas que se vienen adelantando, se le ha olvidado que su principal deber es proteger a la ciudadanía y salvaguardar los derechos humanos de los civiles.
Para contextualizar al lector, brevemente voy a contar los hechos que han desencadenado en una violencia sin precedentes en el marco de las movilizaciones masivas en el territorio colombiano, comenzadas el pasado 28 de abril.
¿Por qué protestan los colombianos?
El 15 de abril de 2021, el Gobierno Nacional –de aquí en adelante, “GN”– publicó el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, auspiciada por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla: economista y político controversial, acusado de empobrecer a siete municipios con unos bonos de agua, conocidos como “bonos Carrasquilla”. Dicha ley tenía por objeto recaudar $23,4 billones de pesos colombianos (USD 6,4 millones) para tapar el déficit fiscal causado por la pandemia e invertir en programas sociales para la población más vulnerable, algo apenas lógico frente a la situación coyuntural mundial en la que nos encontramos a causa del COVID-19.
Sin embargo, esta reforma tributaria recaía sobre la clase trabajadora al gravar productos de la canasta familiar, como las carnes, la sal, el azúcar, el café (los hogares más pobres, muchas veces solo tienen para desayunar un café con un pan al día), toallas higiénicas, tampones y otros enseres. Además, pretendía establecer IVA a servicios públicos y servicios funerarios, y ampliar la base del impuesto a la renta, entre otras disposiciones que afectaban directamente a la clase media.
Hoy Colombia como el país más desigual de América Latina, ocupa el cuarto lugar con mayor corrupción y cuenta con uno de los salarios mínimos más bajos en la región. En un contexto así, y en una coyuntura como la actual, no es justo que se piense en sancionar un proyecto de ley que va en contra del progreso, la seguridad social y económica de la clase media, prorrogando así la violencia estructural que ha vivido por décadas el país. A su vez, las multinacionales y un poco más del 2% de la población que concentra la riqueza en Colombia se verían poco afectadas por la reforma tributaria. Es por eso que los colombianos salimos a manifestarnos.
El descontento social se multiplicó cuando diferentes medios de comunicación revelaron contratos del GN de gastos innecesarios en medio de la pandemia, que en su totalidad alcanzan a sumar incluso más de lo que se quería recaudar en la tributaria. Algunos de ellos son:
1. Literatura sobre propiedad intelectual nacional = COP 16.000.000 (USD 4.348)
2. Producción y empaque de productos elaborados en plata para actividades protocolarias del Jefe de Estado = COP 20.000.000 (USD 5.431)
3. Jardinería y traslados en avión = COP 41.000.000 (USD 11.398)
4. Monedas Protocolarias = COP 41.000.000 (USD 11.398)
5. Carro blindado para la Superfinanciera = COP 216.000.000 (USD 58.706)
6. Carro blindado para el Ministerio de Hacienda = COP 233.000.000 (USD 63.326)
7. Mantenimiento, diseño, restauración y conservación paisajística de todas las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) = COP 389.000.000 (USD 108.096)
8. Repuestos de automotores marca BMW = COP 459.000.000 (USD 124.664)
9. Contrato para la realización de encuestas que midan el nivel de percepción de la población frente al GN = COP 528.000.000 (USD 143.404)
10. Ascensores para la Casa de Nariño = COP 550.000.000 (USD 149.379)
11. Contrato para cambiar la Estrategia de comunicaciones del Ministerio de Defensa = COP 898.000.000 (USD 243.896)
12. Contrato para la promoción del país ante los EE.UU. = COP 924.000.000 (USD 124.664)
13. Seis carros blindados para las fuerzas militares = COP 1.200 millones (USD 326.147)
14. Mantenimiento preventivo de vehículos de la Presidencia de la República = COP 1.959 millones (USD 532.264)
15. Campaña de divulgación de las acciones de la Cámara de Representantes = COP 2.600 millones (USD 706.158)
16. Contrato con la firma Dubrands para posicionar la imagen del presidente = COP 3.500 millones (USD 950.598)
17. Veinticuatro aviones F-16 = COP 4 mil millones (USD 1.087.038)
18. Contrato con la firma 7M Group S.A para comprar cuatro vehículos con blindaje III para la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía = COP 4.160 millones (USD 1.130.644)
19. Emisión del Programa Prevención y Acción donde todos los días el Presidente Iván Duque actualiza la situación de la pandemia en Colombia = COP 6.300 millones (USD 1.711.077)
20. Cinco tanquetas Antidisturbios para el Cuerpo del ESMAD. Tipo Kronos 4x4 Roads (se adquirieron a finales del 2020) = COP 7.900 millones (USD 2.147.137)
21. Municiones para el ESMAD = COP 9.500 millones (USD 2.582.001)
22. Camionetas blindadas para el esquema del presidente = COP 9.600 millones (USD 2.607.356)
23. Quinientos nuevos contratos en la Procuraduría (en promedio, cada funcionario gana COP 20 millones) = COP 10.000 millones (USD 2.715.996)
24. Cincuenta y un vehículos blindados para la Corte Suprema = COP 13.276 millones (USD 3.608.278)
25. Elaboración de un nuevo código electoral = COP 1 billón de pesos (USD 271.789.600)
Fuente: Elaboración propia a partir de Colombia Informa, Contagio Radio, El Heraldo, El Tiempo, Infobae y Noticias Caracol. Nota 1: El GN, en general, ha invertido en lo que va de la pandemia 34 billones de pesos (COP) en gastos militares (alrededor de USD 9.200) Nota 2: 115 mil millones (COP) nos cuesta a los colombianos el salario de los congresistas al año. Mientras que el ciudadano de a pie, si tiene suerte de tener un empleo formal, devenga un salario mínimo de COP 877.803 mensuales (USD 238), los congresistas ganas 39 veces más al mes que un colombiano promedio (USD 9.349).
De manera que tenemos millones de razones para salir a las calles a manifestar nuestra inconformidad con un gobierno que vive a costillas del pueblo colombiano. Un gobierno que sacrifica los recursos públicos que deberían estar destinados a atender la emergencia sanitaria, la inversión en programas sociales y la reactivación de la economía. Un gobierno que busca usufructuar ese dinero para patrocinar la guerra y elevar el narcisismo de un presidente que ignora las voces de quienes claman justicia y respeto a la dignidad, honra y vida. Un gobierno que no reconoce que han sido más los errores que los aciertos, que no pide perdón al pueblo colombiano por tildar a los jóvenes como vándalos o “máquinas de guerra” (tal como declaró el ministro de Defensa, Diego Molano), que no entabla un diálogo abierto y horizontal con la ciudadanía que está en las calles exigiendo condiciones para una vida más digna. Un gobierno que no escucha a las comunidades afro, indígenas, a los lideres y lideresas sociales.
El señor presidente, Iván Duque Márquez, consiente la violencia armada, ignora los gritos de auxilio de las madres que lloran en las calles ante los cadáveres de sus hijos, producto del abuso de autoridad de la fuerza pública, y envía –con arrogancia– a la Minga Indígena a que retornen a sus “resguardos”. Estamos ante un gobierno que prefiere callar al pueblo con represión; un gobierno que, más que demostrar su ineptitud, se muestra burocrático, corrupto y déspota ante el pueblo que “democráticamente” lo eligió.
Este Paro Nacional 2021 no es más que la continuidad del Paro Nacional del 2019. En aquel entonces, la ciudadanía había salido a las calles para exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz, aumentar la financiación en educación superior pública y manifestarse en contra de los proyectos de reformas pensional, educativa y laboral.
Este gobierno ha sido tan ciego y sordo ante su pueblo que no se ha dado cuenta que día tras día el descontento de los colombianos se ha multiplicado y ya no come cuento de nada.
La respuesta del gobierno: represión y más represión
Pese al agua, al sol y al hostigamiento de la fuerza pública, el pueblo indignado ha salido de manera masiva a las calles a exigir al gobierno la caída de la reforma y la renuncia del ministro Alberto Carrasquilla (ocurrida días después del inicio de las protestas). Sin embargo, la ciudadanía se ha seguido movilizando para exigir la caída de la reforma a la salud (lo cual finalmente fue conseguido), el cumplimiento del Acuerdo de Paz, mayor inversión en educación pública, reforma de la policía y abolición del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), entre otras demandas.
Empero, el GN no ha escuchado las voces de la ciudadanía y, en su lugar, ha enviado a la fuerza pública a reprimir la protesta, iniciando una cacería de brujas contra quienes se encuentran manifestándose o incluso contra quienes tienen la mala suerte de circular por las calles en las noches. Las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de la policía y miembros del ESMAD van desde las agresiones arbitrarias hasta el asesinato de la población civil con armas de fuego. En ocasiones, los agentes cuentan con la complicidad de civiles armados, quienes a sangre fría y ocupando camionetas blancas con placas ocultas y respaldados por justificaciones que los califican de “buenos ciudadanos”, han disparado en contra de los manifestantes.
Dicha violencia se exacerbó una vez que el ex presidente Alvaro Uribe –líder del partido de gobierno, Centro Democrático, y mentor del actual presidente– en su cuenta de twitter publicó el 30 de abril: “Apoyemos el derecho de los soldados y policías de utilizar sus armas para proteger su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. El tweet luego fue eliminado por la red social, ya que al incitar a la violencia violaba sus términos y condiciones. Tres días después, Uribe trinó:
Es así que durante las dos primeras semanas del paro, y luego de estos dos trinos del ex presidente Uribe, la violencia escaló a un nivel que no se ha visto desde el “Bogotazo” de 1948, luego de la muerte el caudillo Jorge Eliecer Gaitán. Aun así, politólogos y analistas consideran que el marco de estas protestas ha sido un hito histórico gracias a la forma masiva en la que la ciudadanía se ha volcado a las calles y la sostenibilidad en el tiempo del paro nacional. Un paro que no tiene un pliego de peticiones concretas ni un líder específico, pero ha concentrado su fuerza en los jóvenes, las mujeres y las personas de la comunidad LGTBI, entre otros grupos heterogéneos, para expresar el inconformismo frente al actual gobierno.
Según datos de la ONG Temblores, en el marco de las manifestaciones se han registrado, hasta el 21 de mayo, 2.905 casos de violencia policial, que incluyen 855 casos de violencia física, al menos 43 casos de violencia homicida (presuntamente, también por parte de la policía), 1206 detenciones arbitrarias, 575 intervenciones violentas, 39 víctimas de agresión ocular, 153 disparos con armas de fuego por parte de la fuerza pública y 21 casos de violencia sexual (en los que también participaron agentes del ESMAD). Dentro de esta última cifra, se destaca una menor de 17 años que se quitó la vida luego de haber sido abusada sexualmente por miembros de la policía. Crímenes de lesa humanidad que posiblemente queden en la impunidad, dado que o bien la fuerza pública no tenía sus números de identificación en sus uniformes, o bien se desconoce la identidad de quienes actuaron en complicidad con grupos de civiles armados que dispararon en contra de la Minga Indígena y los demás manifestantes.
Reportando desde las calles: la otra cara de las protestas, a través de las redes sociales
Mientras varios medios tradicionales de comunicación –al servicio del clientelismo del GN– criminalizan el paro, estigmatizan a los manifestantes como “vándalos” o “terroristas” e incluso ponen en tela de juicio la llegada de la Minga Indígena a Cali, redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook fueron los canales protagonistas para reportar lo que estaba sucediendo en las calles. Recuerdo que en la primera semana del paro, quienes no podíamos salir a las calles, acompañamos las transmisiones en vivo para estar informados de lo que al día ocurría en Cali, Barranquilla, Bogotá y otras ciudades.
70 mil personas fuimos testigos, también por redes sociales, de cómo Nicolás Guerrero fue asesinado con arma de fuego disparada por agentes de la policía. A su vez, artistas, cantantes, periodistas, actores e influencers permitían el acceso de las plataformas para comunicarse con los jóvenes que estaban en las calles haciendo uso de su derecho legítimo a la protesta. Asimismo, los lives registraron cómo los policías disparaban, perseguían y hostigaban indiscriminadamente a los manifestantes, usando fusiles y pistolas en contra de la ciudadanía.
Las redes sociales también permitieron conocer los nombres de las personas desaparecidas, arbitrariamente detenidas y agredidas físicamente por la Fuerza Pública, incluyendo personal médico y defensores de derechos humanos. Así, mientras la noche se convertía en la ocasión para desaparecer y asesinar a nuestros jóvenes, las redes sociales nos permitieron conocer las realidades de los territorios, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y, en muchas ocasiones, evitaron detenciones injustificadas.
Los gritos de auxilio a través de hashtags como #ColombiaSOSDDHH, #Nosestanmantando, #SOSCali, #Colombia o #NosEstanMasacrando fueron las únicas herramientas que tuvimos desde la ciudadanía para denunciar las violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Sin embargo, esta herramienta nos fue arrebatada cuando Facebook e Instagram comenzaron a censurar los contenidos que compartíamos por estos medios.
Aún así, ante la necesidad de seguir denunciando estos hechos, los cibernautas empezamos a emplear otras estrategias para evitar que los contenidos fueran censurados en las redes sociales. Por ejemplo, colocar filtros a las publicaciones, descargar aplicaciones para cambiar la VPN, utilizar diferentes hashtags para denunciar lo que sucede en nuestro país e incluso subir fotos de las protestas a Google Maps en los perfiles de algunas de las ciudades más famosos del mundo.
Con todo esto quiero decir que los colombianos de a pie logramos reportar, difundir y denunciar los hechos de los que hemos sido víctimas. De este modo, empezamos a dar a conocer la otra cara de la moneda, y a resignificar el rol de los jóvenes de “La Primera Línea”, esos que son llamados vándalos por los medios tradicionales, pero que no son más que personas que acompañan la marcha y protegen a los manifestantes al ponerse en la línea de la muerte. Con esas imágenes hemos denunciado ante la comunidad internacional la violencia desproporcionada por parte de la fuerza pública.
Aún no podemos dormir tranquilamente, sabiendo que afuera, en las calles, quienes se supone que deben protegernos nos están asesinando sin piedad. Tampoco podemos dormir en paz después de conocer la forma cínica de cómo los medios tradicionales deslegitiman y criminalizan la protesta social, después de los más de 40 civiles muertos y la oleada de violencia cometida por el Estado colombiano, una violencia no solo directa por el uso de las armas contra la población, sino una violencia estructural por negarle al pueblo colombiano sus derechos de primera y segunda generación: el derecho a la vida y a vivir dignamente, derecho a la justicia, a vivir en paz, el derecho a la protesta y a la libertad e igualdad ante la ley. Después de este derramamiento de sangre, y aunque ¡el paro no para!, los colombianos de hoy no seremos los mismos de ayer.
Al día de hoy, las personas y los jóvenes siguen resistiendo en las calles y el Estado sigue reprimiendo y asesinando de manera despiadada a los manifestantes. No hay voluntad política del GN para ofrecer garantías al derecho legítimo a la protesta social.
El presidente Duque culpa a su principal opositor político, Gustavo Petro, de ser el artífice del paro. Para nosotros, el pueblo colombiano, es irrespetuoso que se atribuya a los partidos o líderes políticos el liderazgo o protagonismo del Paro Nacional. La organización, continuidad y resistencia se debe a los millones de ciudadanos que están en las calles. Una vez más, esto demuestra la tiranía del GN para escuchar y reconocer las voces de quienes estamos volcados a las calles exigiendo el respeto a la vida digna.
No resulta admisible que el presidente siga buscando responsables, cuando allí afuera, en las calles de los municipios y ciudades de todo el país, la gente está alzando su voz por su derecho a la vida, por una renta básica, por cumplimiento del Acuerdo de Paz y por un sin número de demandas que el GN ha preferido ignorar desde que inició su mandato presidencial.
Las manifestaciones y el Paro Nacional NO tienen ninguna bandera política. Esto se debe a la ciudadanía que, con valentía, ha resistido.
A modo de conclusión:
Antes de terminar, quisiera mencionar algunos puntos importantes basados en mi percepción personal sobre del Paro Nacional en Colombia:
● No todo ha sido malo: el imaginario de los jóvenes de “La Primera Línea” fue resignificado a tal punto que la ciudadanía los apoya con víveres, medicamentos y asistencia jurídica y médica.
● Las redes sociales permitieron desmentir las noticias tergiversadas y falsas difundidas por los medios tradicionales, que están al servicio de la clase dirigente y especialmente del GN.
● Como afirma el analista y politólogo Ariel Ávila, el paro se está presentando como un electrocardiograma: aunque el Comité del Paro y el Gobierno Nacional no han logrado un consenso, existen días en los que la movilización es menos fuerte que en otros.
● El Comité del Paro no representa a las mayorías que están allí afuera exigiendo una reforma a la policía, quitar el fuero penal militar a la fuerza pública, un ingreso solidario para las hogares más vulnerables, el cumplimiento del Acuerdo de Paz, e incluso la renuncia del presidente Duque.
● El Comité del Paro no representa a la mayoría de la población, dado que existe una agenda muy amplia de demandas para negociar con el GN. La ciudadanía no sale a las calles por el llamado del Comité del Paro, sino por el descontento con la administración del gobierno de Duque (ya en su tercer año de mandato).
● El apoyo de la comunidad internacional es importante para el respaldo de los manifestantes que salen a marchar y que no tienen ningún tipo de garantías para hacer uso legítimo de su derecho a la protesta. En efecto, se visibiliza ante organismos internacionales el actuar del uso excesivo de la fuerza en contra de la ciudadanía. Así, los colombianos nos sentimos acompañados para seguir reclamando por nuestros derechos.
LAS VOCES DE LAS VÍCTIMAS DEL PARO NACIONAL
“Todos podemos morir acá, pero ¿cómo uno va a dejar a su pueblo? ¿uno cómo no va a salir a marchar? ¿uno cómo no va a salir a protestar mañana 5 de mayo? Toca asumir. Que si toca irse, toca irse. No hay de otra, toca enfrentar eso y ojalá que el espíritu nos guíe, nos cuide, para que podamos sobrevivir y crear un mundo nuevo”
Lucas Villa, 37 años, Pereira
Asesinado por disparos proporcionados desde
un carro sin identificar que se movilizaba en
medio de las manifestaciones
5 de mayo
“Les tocó cogerme entre 4 “#$3@!, yo soy la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos (...) cuando menos pensé estaba encima de mí, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma”
Alison Meléndez , 17 años, Popayán
Víctima de violencia sexual por parte de la policía.
La joven decidió quitarse la vida después de este episodio.
12 de mayo
“No creí que fuera a ser uno más, uno más de esas víctimas que ha dejado la fuerza represiva del estado. Un chico iba a ser arremetido por la tanqueta del ESMAD, mi primera reacción fue salir a empujarlo, intentar que se corriera. Lastimosamente, en ese acto logré empujarlo, pero quien queda debajo de la tanqueta y es impactado soy yo… la sensación fue que iba a morir”
Juan Diego Ortega, Popayán
Joven impactado por una tanqueta del ESMAD
14 de mayo
“El día de hoy a las seis de la mañana, estábamos de pie al frente del portal haciendo paro pacífico. Nos pusimos de primera línea por seguridad de la gente, porque primera línea es por seguridad del pueblo, no es con otro fin. Nosotros solo atacamos si nos atacan. ¿Por qué? Por defensa propia”
Joven de la Primera Línea, Bogotá
En entrevista con DW Noticias
11 de Mayo
“Siempre creí que la Fuerza Pública actuaba por la provocación de la comunidad, pero hoy fui víctima de un hecho merecedor de perder el respeto por el ESMAD. Hoy fui víctima de un acto carnal y violento por policías del ESMAD Esmad (...)Los hombres fueron golpeados y llevados y las mujeres separadas. En ese momento se acercó uno del ESMAD y abusó de mí, en presencia de todos sus compañeros, incluida una mujer (…) me manoseó y metió su mano en mi zona íntima”
Diana Fernanda Diaz, Cali
Agredida sexualmente por agentes del ESMAD
30 de abril
“ Yo quiero limpiar la imagen de mi hijo, yo vivo acá a dos cuadras de donde se cometió el homicidio, mi hijo venía dos cuadras para su casa, venía de donde su novia, está el vídeo donde se muestra cuando le dispararon y el venia caminando solo, mi hijo un niño estudioso de bien, el estaba solo a dos cuadras de su casa, yo lo estaba esperando, el venia de donde su novia (...) yo le pido al Gobierno que por favor no pase más esto, que no se repita, porque esto se repite y se repite y la Policía siempre mata a mucha gente, matan y matan y mata y no se acaba esto, no termina”
Sandra Meneses y Miguel Murillo, padres de Santiago Murillo, 19 años, Ibagué
Asesinado con arma de fuego por un policía
1 de mayo
“Todo lo que ocurra en la Minga, todo lo que ocurra en el Paro Nacional, es responsabilidad de usted, señor presidente Duque y denunciamos ante los organismos internacionales a partir del momento que nos declaramos en Minga ”
Líder del Consejo Regional Indigena del Cauca (CRIC), Cauca
30 de abril
La autora es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Es voluntaria de la organización civil Rodeemos el Dialogo (RED), dedicada a promover la cultura de diálogo para la construcción de paz.
